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De las más de 2.000 piezas arqueológicos incautadas a finales de julio a Mariano Ostalé Martínez, vecino de Alagón, en el marco de la operación Helmet II --centrada en el supuesto expolio de cascos celtíberos en Aranda de Moncayo (Zaragoza)--, "la mayor parte son reproducciones que Mariano ha llegado a emplear en el festival íbero Vulcanalia que, anualmente, se realizaba en Mara". Así lo aseguró José María Viladés, abogado de este aficionado a la arqueología acusado, hace menos de un mes, de los presuntos delitos de hurto del patrimonio, contrabando, exportación de objetos ilegales y receptación.

Asimismo, Viladés informó de que varias de esas 2.000 piezas ya le fueron incautadas en el 2000, durante una operación contra el tráfico de monedas antiguas, y la Guardia Civil se las devolvió. "Es más, muchas de las piezas estaban envueltas con el mismo papel con el que le fueron devueltas. No las había tocado desde entonces", afirmó.

Los restos arqueológicos descansan por los siglos de los siglos hasta que alguien los encuentra. A veces, es un buscador de tesoros que, detector en mano, da con ellos, los coge y luego intentan venderlos. Otras, son los investigadores los que los hallan, los referencian, los estudian... Y ahí se quedan. Las dos alternativas no son excluyentes. De hecho, la primera puede llevar a la segunda. Por ello, los expertos reclaman una mayor protección del patrimonio.

En realidad, los cazadores de tesoros lo tienen bien fácil. Por lo menos en Aragón, ya que la mayor parte de sus 12.000 yacimientos arqueológicos no están protegidos. "Las incautaciones que se han hecho estos últimos meses son la punta del iceberg. El problema está más extendido de lo que parece y es desmoralizante porque no hay forma de frenar estos robos", explica Manuel Gracia, miembro de la comisión directiva de Hispania Nostra.

Un hombre extraía los objetos de plomo y acero sin autorización con una paleta en el paraje natural del Estuario del río Guadiaro

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil del Seprona de Algeciras, pertenecientes al Destacamento del Parque Natural de los Alcornocales, han intervenido restos antiguos de plomo y acero a un individuo en el Estuario del río Guadiaro, en las cercanías del yacimiento romano-fenicio de Borondo-Guadalquitón, según informó ayer en un comunicado de prensa el Instituto Armando.

Los agentes en horario de servicio, desempeñaban las funciones que se enmarcan dentro del plan para prevenir el posible expolio de bienes protegidos, incluidos dentro de la normativa de Patrimonio Histórico. Observaron cómo una persona estaba prospectando el terreno con un detector de metales. Además, se ayudaba de una paleta para extraer los restos hallados en el Paraje Natural del Estuario del río Guadiaro, en las cercanías del yacimiento romano-fenicio de Borondo-Guadalquitón.

La asociación subraya la gravedad de los hechos denunciados y expresa su preocupación ante la posibilidad de que se constituyan en la "punta del iceberg de uno de los mayores expolios culturales de Aragón".

Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) ha reclamado este martes la creación de una comisión en las Cortes de Aragón para investigar el robo y posterior venta de miles de piezas del patrimonio histórico y arqueológico de la Comunidad.

 Apudepa vincula su petición a la reciente detención en Zaragoza de una persona a la que se incautaron más de dos mil piezas arqueológicas de gran valor, que supuestamente expolió en yacimientos de Aragón y de comunidades autónomas limítrofes.

 La operación de la Guardia Civil, "Helmet II", es continuación de la realizada el pasado mes de mayo en Aranda de Moncayo (Zaragoza), que se saldó con la detención de un vecino que guardaba más de cuatro mil piezas arqueológicas que presuntamente vendía a coleccionistas alemanes, entre otras cascos celtíberos de gran valor.