Expolio y legalidad juntos, esa puede ser la última aportación del poder político, esta vez desde Colombia, a la protección del patrimonio sumergido y a la historia de la arqueología.
El próximo lunes se votará el proyecto de ley de patrimonio cultural sumergido de Colombia. Vista la distancia que guarda ese texto con los principios de la convención UNESCO de patrimonio cultural subacuático esta es en esencia una Ley de cazatesoros.
La ley promueve un pacto con el expolio, porque según la UNESCO cazatesorismo es esencialmente expolio y esta idea que se ha repetido en todos los centros de conocimiento académico del mundo no ha mellado la finalidad última de este proyecto legislativo.
Colombia, después de una lucha en solitario, durante casi 30 años, frente a una empresa cazatesoros, se echa ahora en brazos de un sector que concibe el patrimonio arqueológico como una materia prima a exportar. Como abogado he seguido el pleito contra Sea Search Armada y no puedo entender que sea esta la consecuencia.

