Te adjunto mis reflexiones sobre el tema, por si te interesa enviarlas, y ver que te contestan.
En la Ley de Patrimonio de Castilla y León, se definen las prospecciones arqueológicas como las “observaciones y reconocimientos de la superficie o del subsuelo que se llevan a cabo, sin remoción del terreno, con el fin de buscar, documentar e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico de cualquier tipo. Se incluyen aquellas técnicas de reconocimiento del subsuelo mediante la aplicación de instrumentos geofísicos y electromagnéticos con o sin utilización de medios técnicos especializados”.
Tanto en la normativa sectorial de la comunidad como en la normativa nacional, tales prospecciones han de llevar implícitamente la finalidad de "observar o reconocer, con la finalidad de documentar e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico". Es entendible que se pueda presuponer dicha intencionalidad en el entorno o en zonas en las que existe la constancia cuando no la evidencia, de que existen tales bienes. De lo contrario, debería primar la lógica más elemental, de que lo que se está buscando son elementos ajenos a los mencionados. Correspondería del mismo modo, aplicar también el principio jurídico penal de "presunción de inocencia", mediante el que no es atribuible un delito en tanto que el mismo no sea probado en sede judicial, y sin que existan los mínimos indicios probatorios de que realmente se comete un ilícito. Este principio consagrado en la Declaración de Derechos Humanos, en todo caso debe prevalecer sobre la mera suposición general, de que el uso de un detector de metales lleva implícita la intencionalidad de localizar restos integrantes de nuestro patrimonio.
De lo ya mencionado, igualmente debería concretarse la falta de intencionalidad atribuida al mero uso de un detector de metales a la hora de calificar cualquier hallazgo fortuito como hallazgo casual. En ningún caso debería desprenderse una causalidad cuando el hallazgo se produce fuera de un ámbito en el que lógicamente pueden aparecer restos, por tratarse de zonas arqueológicas, zonas aledañas a estas, zonas con interés histórico o zonas en las que exista constancia de este tipo de hallazgos.
La interpretación torticera de la Ley, consigue como efecto, el contrario al que se pretende. Si alegalmente se considera una prospección arqueológica el uso genérico de un detector de metales, a pesar de que se defina mediante Ley de forma clara que para que lo sea, la finalidad debe de ir encaminada a la localización de bienes integrantes del patrimonio, del mismo modo se conseguirá que los aficionados en lugar de colaborar denunciando aquellos casos en los que casualmente aparezcan dichos bienes, silencien sus hallazgos, con la correspondiente pérdida de información, vital para el conocimiento de nuestro pasado.
De todo lo dicho, se desprende que jurídicamente, la información aportada por esa institución, es partidista y con una absoluta falta de objetividad, ya que se vulneran principios elementales, atribuyendo de forma genérica la comisión de un delito a cualquier usuario de un detector de metales, se encuentre donde se encuentra, y sea cual sea la finalidad de su uso.
Por último, matizar que en cualquier caso, no se trataría del "descubrimiento de bienes arqueológicos tras la realización de prospecciones arqueológicas", ya que la finalidad perseguida con el uso del detector de metales, es una mera actividad de esparcimiento, no el descubrimiento de bienes integrantes del patrimonio, ni es ese el objetivo pretendido, motivo por el que siempre su uso se realiza alejado de zonas en las que existe cualquier tipo de evidencia que presuponga de la existencia de tales bienes en la zona.
El siguiente usuario dijo gracias: indio
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